Cuba probablemente es el único país del mundo que ha vivido tantos años de espaldas a una realidad como la pequeña y mediana empresa privada. Durante mucho tiempo se negó la necesidad de este tipo de estructura empresarial para la economía cubana. Hubo que esperar diez años para que, desde el 6to Congreso del Partido Comunista de Cuba, saliera el marco legal que regulara su existencia. Había que esperar por modificar una Constitución que desconocía la existencia de la propiedad privada.
Durante los últimos años un grupo grande de personas jóvenes, altamente calificadas, han emigrado hacia otros países. Entre las razones está el no haber podido encontrar en Cuba la oportunidad para desarrollar sus proyectos personales. A su vez se enfrenta un proceso de envejecimiento de la población y del personal calificado. Entonces, si eso está claro, por qué prohibirle la negativa a permitir que los profesionales cubanos puedan tener sus propias pequeñas empresas en su especialidad. Sin dudas es contradictorio con lo planteado en el eje estratégico del Plan de Desarrollo del país.
En el caso cubano, la realidad económica de las últimas décadas confirma que cuando la normativa no es capaz de dar una respuesta adecuada a las necesidades del mercado se generan distorsiones con efectos inesperados. Nadie puede esconder una economía sumergida en el mercado negro, la evasión tributaria y la subdeclaración de impuestos. El escenario actual podría provocar un nuevo ecosistema de negocios y acuerdos intersocios informales, como ya sucedió en el sector de los cuentapropistas.
Y esto lo digo porque esta nueva forma de gestión debieran ser consideradas inversionistas nacionales. No se le permite establecer procesos de inversión extranjera, de igual manera que el resto de los actores de la economía cubana.
No pueden ser socios de las empresas de propiedad privada cubanas las personas físicas extranjeras, no residentes en Cuba, las personas no residentes en Cuba, las personas jurídicas extranjeras. Además se niega la posibilidad de que las Mipymes privadas aspiren a una de las formas clásicas y más habituales que adopta la Inversión Extranjera Directa: la adquisición de participaciones sociales o de acciones de empresas nacionales por parte de un inversionista extranjero.
Se niega la posibilidad a las Mipymes privadas de establecerse directamente como empresas mixtas o cualquier otra modalidad similar. No obstante, la normativa de inversión extranjera le permite a las privadas ser consideradas como inversionistas nacionales, al tener personalidad jurídica y domicilio en territorio cubano. Esto significa que a las Mipymes privadas aún les quedaría la opción de presentar al Ministerio de Inversión Extranjera y Comercio Exterior (MINCEX) un expediente de solicitud para la aprobación de una inversión extranjera. Los procesos previstos en la normativa en materia de inversión extranjera se crearon desde el enfoque y perspectiva del sector estatal. Sin dudas, será bien difícil integrar las dinámicas del sector privado bajo ese marco regulatorio.
Las Mipymes pudieran generar nuevas oportunidades de inversión extranjera directa en Cuba. De esta manera el sector no estatal puede convertirse en uno de los motores de ese renglón tan importante para las economías de los países periféricos. Tener 500 empresas en pérdidas en un país como Cuba, cuyo abanico empresarial no es muy amplio, es la señal de que no se puede ir tan lento en el proceso de aprobación de los nuevos actores y sí creo que no se deben diluir en cuestiones que no aporten al desarrollo local y nacional.
El Estado tiene que ofrecer una garantía a los nuevos de que no habrá retroceso ni cacería de brujas, tal como ha ocurrido otras veces luego de aperturas similares, si bien este tipo de empresas no solucionan el total de nuestros problemas económicos sí llegan en un momento en que algo hay que hacer que dinamice la economía, genere empleos y aporte producciones de bienes y servicios. Solo resta esperar y ver su concreción.
Por Marcos David